Responsabilidad Ambiental

El presente artículo aborda la figura de la responsabilidad ambiental que regula la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y principalmente se enfoca al objeto, tipos y medidas para acreditarla, siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la citada ley, el marco jurídico empleado para el desarrollo de este análisis.

La fuente constitucional del Derecho a un Medio Ambiente Sano, hoy por hoy, sabemos que la podemos fundamentar con el quinto párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), mismo que desde mi punto de vista tutela y protege uno de los Derechos Humanos que representa entre otros, el pilar para la evolución y permanencia del hombre en este planeta, esto bajo el razonamiento lógico de que para subsistir necesita que los elementos que le permiten satisfacer sus necesidades más básicas como el agua, el aire y la tierra estén libres de contaminantes para proveerlo de buena salud siendo que de no existir éstos las consecuencias considero, están por demás mencionarlas.

Por otro lado este precepto constitucional, además de tutelar el Derecho a un Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar de las Personas en nuestro país, también es la fuente para que los habitantes puedan exigir no solamente de la autoridad el respeto a este derecho, sino que además, el poder para demandar de las personas la reparación del daño que por el incumplimiento de una obligación ya sea de hacer o no hacer y que de manera directa o indirectamente, han causado un deterioro o daño ambiental, entendiéndose por este último como: “Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan.”

Asimismo esta potestad no solo la ha reconocido el constituyente en el precepto señalado, sino que además, el Poder Legislativo Federal en cumplimiento a las obligaciones y funciones que la propia ley suprema le confiere, legisló la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) como la ley reglamentaria que establece las directrices jurídicas y jurisdiccionales para que en un estado de derecho, permita no solo a los habitantes de nuestro país sino a las propias autoridades, demandar la reparación o compensación del daño ambiental.

Sin embargo y como es de comprenderse, las consecuencias que se originan no pueden ser en todos los supuestos las mismas ya que se requiere para poder determinarlas valorar, además de las afectaciones materiales que han sido catalogadas como un daño ambiental, la forma en que se ha exteriorizado la voluntad de la persona que ha causado el daño, así como el tipo de actos u omisiones que se han perpetrado y que previamente pudieron o no, haberse considerado como ilícitos.

Por lo anterior, la LFRA actualmente reconoce dos tipos de responsabilidades que se originan por el incumplimiento de las obligaciones que todo habitante o extranjero de paso en nuestro país debe observar en la protección y conservación del ambiente; la responsabilidad subjetiva y objetiva están reconocidas por los artículos 11 y 12 de la citada ley, respectivamente.

Derivado de su lectura es posible mencionar, en cuanto a las causales, que la diferencia entre la responsabilidad objetiva con la responsabilidad subjetiva radica en que esta última requiere para su nacimiento de una conducta activa u omisiva que ha causado un daño en contravención a las disposiciones jurídicas (leyes, reglamentos o normas oficiales mexicanas) asi como a las autorizaciones, licencias, permisos o concesiones expedidas por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) u otras autoridades.

Cabe mencionar que aunado a lo anterior y una vez decretada la responsabilidad subjetiva, los responsables se harán acreedores de una sanción económica que impondrá la autoridad judicial con el objeto de prevenir e inhibir en el futuro dichos comportamientos prohibidos, esto sin menoscabo de las sanciones ordinarias por así llamarlas, a las que de igual forma se harán acreedores.

Por su parte, el artículo 12 de la LFRA establece las causales que dan origen a la responsabilidad objetiva, las cuales representan un riesgo fundado a diferencia de los actos u omisiones ilícitas que para su nacimiento se exigen en la responsabilidad subjetiva y que ya han sido mencionadas. Estas causales para su comprensión serán citadas a continuación “… I. Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos; II. El uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral; III. La realización de las actividades consideradas como Altamente Riesgosas; y V. Aquellos supuestos y conductas previstos por el artículo 1913 del Código Civil Federal.”

Asimismo y para darnos una idea de los elementos que deben ser valorados para clasificar la responsabilidad objetiva, citaremos la parte sustancial del siguiente precedente fijado por el Poder Judicial de la Federación a través del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito: “La responsabilidad objetiva constituye una especie de la responsabilidad civil extracontractual, puesto que no deriva del incumplimiento a un pacto, sino del uso de objetos peligrosos que, por producir un riesgo, generan consecuencias y obligaciones a quien los empleó, con independencia de si el sujeto involucrado actuó ilícitamente, con dolo o en forma culposa…”

Aunado a lo anterior, Mercedes Campos Díaz Barriga señala: “El elemento de culpa resulta fundamental dentro de la distinción entre la responsabilidad subjetiva y la objetiva ya que en la responsabilidad subjetiva se parte de un elemento personal que se refiere precisamente a la negligencia, culpa o dolo en contraposición a la responsabilidad objetiva en donde hay una ausencia de ese elemento subjetivo y el elemento del que se parte es objetivo y es precisamente el uso de las cosas peligrosas y el daño que por ese uso se cause…”

Por lo anterior, para clasificar una u otra responsablidad es posible mencionar que será necesario analizar y acreditar el nexo de causalidad entre el daño ocasionado y la conducta imputada al demandado, siendo la naturaleza intrínseca y la forma en que se ha desarrollado el actuar del responsable, elementos indispensables para su valoración.

Sin embargo y a pesar de las diferentes causales que las originan y de los elementos que deben ser valorados para determinarlas, la responsabilidad objetiva y subjetiva comparten en todo momento un mismo fin, reparar el daño mediante la obligación de restituir ya sea con acciones de restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación, del área o los recursos naturales afectados.

Pero a pesar de lo anterior y como excepción a la regla, la LFRA establece la obligación para que los responsables lleven a cabo una compensación ambiental que consistirá en inversiones y acciones para una mejora ambiental sustitutiva de la reparación total o parcial del daño y el equivalente a los efectos adversos ocasionados, cuando se presenten los siguientes supuestos:

  1. Resulte material o técnicamente imposible la reparación total o parcial del daño;
  2. Los daños causados sean por obras o actividades relacionadas con la materia de impacto ambiental o por cambio de uso de suelo en terrenos forestales en contravención de las disposiciones legales;
  3. El daño se derive de la evaluación de un daño producido por obras y actividades pendientes por realizar; y
  4. Por haberse acreditado un daño previo a la expedición de la autorización respectiva, siempre y cuando dichas actividades resulten en su conjunto sustentables, y jurídica y ambientalmente procedentes en términos de lo dispuesto por las leyes ambientales y los instrumentos de política ambiental.

De lo anteriormente citado, es importante mencionar que el Poder Legislativo ha pretendido observar todos los supuestos posibles que en dado momento pudieran darse aún en la imposibilidad de llevar a cabo las inversiones y acciones que se fijan para la compensación ambiental en el ecosistema o región ecológica dañada, ya que bajo este supuesto ha considerado la posibilidad de llevarlas a cabo en un lugar alterno siempre y cuando se encuentre ecológica y geográficamente vinculado al sitio dañado y en beneficio de la comunidad afectada.

Por otro lado y abordando el tema sobre la comprobación de los hechos o circunstancias que han ocasionado un daño ambiental la LFRA fija desde un enfoque jurisdiccional, que los Jueces de Distrito podrán allegarse de manera oficiosa de los medios de prueba que considere necesarios, y de requerir a la SEMARNAT y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), elementos periciales, testimoniales, documentales y demás indicios y elementos con los cuales puedan acreditar los hechos para determinar la responsabilidad ambiental.

Asimismo y con lo que respecta a las autoridades y partes afectadas dentro del procedimiento judicial, dicha ley les reconoce la potestad para emplear fotografías, imágenes de satélite, estudios de poblaciones y toda clase de elementos aportados por la técnica y la ciencia que permitan comprobar la condición en la que se encontraban los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, así como las relaciones de interacción y los servicios ambientales que existían en el momento previo inmediato al daño y de no haberse producido éste (Estado Base).

Sin embargo y derivado de lo anterior, es importante mencionar que para que estos medios de prueba puedan ser valorados de manera efectiva dentro de un procedimiento jurisdiccional, para cumplir con el objetivo por el cual ha sido creada la figura de la reparación del daño ambiental (reparar el daño a su Estado Base), resulta necesario conforme al artículo 7º de la LFRA, contar con Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s) que establezcan caso por caso las cantidades mínimas para considerar un deterioro, perdida, cambio, menoscabo, afectación, modificación y contaminación, necesarias para considerarlos como adversos y dañosos; y más aún, que dichas cantidades sean significativas y se consideren, entre otros criterios, el de la capacidad de regeneración de los elementos naturales; de lo contrario en aquellos procedimientos en donde no existan dichas NOM´s, podría verse mermada la finalidad por la cual ha sido creada la figura de la reparación del daño ambiental ya que serían emitidas las sentencias sin una valoración adecuada de los elementos mínimos a considerar en las pruebas ofrecidas, los cuales deben ser establecidos en dichos instrumentos normativos ad doc.

Por último, como podemos observar, el Constituyente y el Poder Legislativo han considerado acciones y elementos para garantizar y proteger el Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar de las Personas a través de la propia CPEUM y de la LFRA; sin embargo aún hace falta para valorar la efectividad en la aplicación de esta ley, ejecutar las acciones que actualmente han quedado pendientes siendo, además de la expedición de las tan necesitadas NOM’s, la creación de juzgados especializados en materia ambiental a través de los cuales puedan substanciarse los procedimientos con pleno conocimiento en la materia y sobre todo, de las consecuencias que implica el deterioro y daño ambiental; acción que el mismo Poder Ejecutivo ha considerado, pues en el artículo Tercero Transitorio decretó el término en que deberán de establecerse dichos juzgados (dos años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que promulga la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental – que entró en vigor el 6 de julio de 2013), sin que hasta el momento tengamos conocimiento de su creación.

La razón de lo anterior, tal vez ha sido porque el mismo artículo establece que la jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los Juzgados de Distrito en funciones en cada circuito jurisdiccional o de acuerdo a lo que disponga el Consejo de la Judicatura Federal, sin que esto implique la creación de nuevos órganos jurisdiccionales; y que el personal de cada uno de dichos Juzgados de Distrito recibirá capacitación especializada en materia de normatividad ambiental, medida que considero, no garantiza una adecuada administración de justicia por las razones anteriormente expuestas.


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